Costa Rica
conquistó
el 50% de la
representación
femenina en el
gabinete
Roxana Kreimer
@RoxanaKreimer
@feminisciencia
Estará compuesto por mujeres un cincuenta por ciento del gabinete del gobierno elegido en Costa Rica el 1 de abril de 2018. Los meritócratas argumentan que solo deben acceder a la política los mejores, independientemente de su sexo. Utilizan un argumento que puede ser válido para la esfera privada, pero que no lo es en la esfera pública. Quien niegue el derecho a que haya un cincuenta por ciento de mujeres en el gabinete y en el parlamento con el argumento meritócrata de que deben estar "los mejores", presupone implícitamente que los políticos varones en ejercicio son los mejores. Sobradas evidencias hay de que no siempre -y ni siquiera a menudo- son personas calificadas. Conquistemos el derecho de que las mujeres estén en los gabinetes y en la política, y démosles la oportunidad de que vayan mejorando, así como tienen ocasión de hacerlo los varones. Luego puede haber áreas específicas del Estado en las que convenga que haya una persona más calificada, independientemente de su sexo, pero es evidente que en términos globales tener un gabinete con noventa por ciento de hombres no implica hoy en día que sean los más capacitados, y que las únicas sociedades que han logrado quebrar este esquema son las que establecieron cupos en el gabinete y en el parlamento.
Quienes se valgan de la falacia de la pendiente resbaladiza "Entonces tendría que haber un porcentaje proporcional de negros, zapateros, discapacitados, etc", deberán tener en cuenta si esos colectivos tienen intereses particulares y relevantes para la nación como para que ameriten una representación específica.
Hay evidencia de que las mujeres se interesan menos por la teoría política. Compran un 20% de libros de política, un 20% participa en listas de teoría política de Facebook, forma parte de cátedras de Filosofía Política y escribe tesis de doctorado de filosofía política. Pero cuando la política se traduce en acciones concretas, hay participación en los gremios, en la denuncia de casos de corrupción y en acciones puntuales como la fundación de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de cuestiones públicas.
Hombres y mujeres no tenemos en promedio la misma visión sobre las cosas. Contamos con una común humanidad, pero en el 99% de la historia humana enfrentamos estrategias adaptativas distintas que se derivaron de los diversos desafíos que resultaron de la división del trabajo: ellas dedicaban más tiempo al cuidado de los niños y a recolectar frutos y semillas, y ellos a cazar. Esto implica que la mujer y el hombre promedio también heredaron mecanismos psicológicos innatos o adaptaciones que los hacen focalizar más en unos intereses que en otros. Esto es evidente en la elección de carreras universitarias y en el consumo de bienes culturales. Una mujer promedio (no cada una de ellas) puede estar más atenta a los riesgos, a la resolución de conflictos sin que sea necesario valerse de la fuerza física o de las armas, al cuidado de la salud, a la educación de las nuevas generaciones y a que se controle la corrupción, y un hombre promedio puede estar más atento a establecer lazos y sistemas de acuerdo con grandes grupos, a la negociación política y económica, a la construcción de obras públicas y al desarrollo tecnológico, entre otras cuestiones. ¿Son roles estereotípicos? Sí, hay evidencia de que muchísimos estereotipos se corresponden con la realidad, y una porción considerable de estereotipos de género son acertados, lo que no implica que sean un destino para cada hombre y para cada mujer.
No hay suficiente cantidad de mujeres interesadas en la política. En los párrafos anteriores hemos dado algunos ejemplos. Pero hay un número más que suficiente como para ejercer el derecho ciudadano a ser representadas. Del mismo modo en que se conquistó el derecho al voto, debemos conquistar el derecho a ser representadas.
¿Son necesarios los cupos/cuotas del cincuenta por ciento para los cargos en empresas privadas? Lo dudo, las instituciones públicas no resultan equiparables a las empresas privadas en este sentido. De la misma manera en que un ciudadano cualquiera no interviene en lo que ocurre en una empresa privada, cada una de ellas tiene derecho a funcionar con la representativididad de género que considere adecuada para sus fines. Pero las instituciones públicas son del conjunto de la ciudadanía, y la categoría de género es lo suficientemente general como para que sea considerada en términos de representatividad, del mismo modo en que son representados los ciudadanos de las provincias de todo el país.
Los meritócratas ya no osarían argumentar que la mujer no debería tener acceso al voto y, salvo las personas de extrema derecha, ya no defienden el voto calificado (aristocracia). En doscientos años sus argumentos habrán caído en el olvido. Las mujeres elegiremos y seremos elegidas, habiendo conquistado dos derechos fundamentales de la ciudadanía. Será una sociedad menos violenta y, con suerte, sin victimismo pero atenta a la justicia y a la protección de los derechos de los más vulnerables.
