Las críticas al

feminismo

de las profesoras

de derecho

de Harvard 

Roxana Kreimer

@RoxanaKreimer

@feminisciencia

 

 

En Estados Unidos es frecuente que los estudiantes vivan en la universidad, y una serie de episodios de violencia sexual que adquirieron repercusión pública fueron ocasión para que en octubre de 2014 la Universidad de Harvard anunciara una pertinentes medidas para prevenir el acoso y la violencia sexual. Durante la gestión de Obama se habían enviado instrucciones básicas sobre este tema a todas las universidades del país. Las llamadas "Dear Colleague Letter" ("Cartas querido colega") son recomendaciones, no tienen fuerza de ley y no estuvieron abiertas para el debate. Las universidades, quizás temerosas de dejar de recibir los fondos federales en caso de incumplir las sugerencias del poder ejecutivo,  aplicaron el protocolo a su manera, con procedimientos que avanzaron mucho más allá de lo planteado en la carta y que fueron cuestionados por numerosos juristas.

 El 15 de octubre de ese año veintiocho profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard publicaron en el Boston Globe una crítica a las disposiciones implementadas en torno al acoso sexual por estar "abrumadoramente sesgadas en contra de los acusados" (Bartholet y otros, 2017). Mientras el interés de la administración de Obama había sido el de mejorar la protección de las mujeres, los métodos implementados crearon nuevos problemas que perjudicaron seriamente a los acusados. A menudo listaron simplemente "conductas sexuales que no eran bienvenidas, incluso si no creaban un entorno hostil, incluso si el acusado no tenía forma de saber que se trataba de conductas no deseadas, e incluso si el acusador no advertía que se trataba de una conducta indeseada hasta después del encuentro". Las universidades extremaron las medidas preventivas, estableciendo prodimientos que echan por tierra garantías constitucionales básicas como la del debido proceso o la presución de inocencia. Según el documento "Fairness for all Sudents under titlt XI" ("Justicia para todos los estudiantes bajo el Título IX"), firmado por las profesoras de derecho de Harvard Elizabeth Bartholet, Nancy Gertner, Janet Halley y Jeannie Suk Gersen, las universidades  "fueron mucho más allá de las definiciones aceptadas de violación, asalto sexual y acoso sexual" (Bartholet y otros, 2017).

Jeannie Suk Gersen es profesora de derecho en la Universidad de Harvard y como feminista en principio consideró que el comunicado que Obama había dirigido a las universidades era adecuado. Muy a menudo las universidades habían hecho la vista gorda frente a los delitos sexuales, y finalmente los medios de difusión se mostraban más empáticos al cubrir los episodios de violencia sexual que habían tenido lugar en las universidades de Virginia, Yale o Harvard. Sin embargo, no era fácil evaluar un continuo que iba desde la violación, pasando por el sexo en eventos en los que los participantes habían bebido alcohol, a las expectativas de hombres y mujeres en la llamada "hookup culture" (cultura del levante), que acepta y estimula el sexo casual, o el sexo consensuado del que finalmente alguien se arrepiente. Como señala la profesora de derecho Nancy Gertner en "Sexo, mentiras y justicia": "La genuina ambivalencia y las señales ambiguas son prácticamente inherentes al cortejo y a la sexualidad, especialmente en los primeros encuentros. ¿Dónde debería trazarse la línea de las recomendaciones a ser implementadas?". ¿Cuál era el rol de la justicia penal en estos casos (Gertner, 2015)?

Al advertir que la universidad había dado una forma cuestionable a las sugerencias de Obama, en 2016 Gersen publicó un artículo titulado "La burocracia del sexo". Allí describe cómo aunque el sexo fue descriminalizado en las últimas décadas, al querer limitar el acoso sexual y la violación se está imponiendo una visión normativa sobre el sexo común y corriente, generando finalmente una banalización de la auténtica violencia sexual (Gersen, 2016) . Por "sexo común y corriente" Gersen entiende toda conducta consensuada que no daña a los demás, toda relación sexual entre adultos que puede ser elegida de mutuo acuerdo. Hay una diferencia fundamental entre (1) violencia sexual o acoso y (2) el sexo común y corriente, pero regular lo primero no implica necesariamente regular lo segundo. La crítica de la feminista radical Catharine MacKinnon según la cual respetar el espacio privado de libertad sexual "se traduce en un derecho al abuso sexual con impunidad, en imponer sexo a los menos poderosos y salirse con la suya" resulta cuestionable (MacKinnon, 2004,   supra note 11, at 1090, 1094). "Valorar la libertad en el sexo no implica necesariamente la legitimación del sexo violento, forzado o abusivo", señala Gersen, y como en tantas situaciones, habrá incertidumbre en relación a los casos marginales, y la mayoría acordará en que alguna línea deberá ser trazada. 

 Pero en su afán de promover el consentimiento sexual, al que la Georgia Southern University en uno de sus documentos calificó como "imaginativo, creativo, entusiasta, honesto en su requerimiento de asentimiento verbal", se terminó sugiriendo que prácticas que suelen nutrirse de formas indirectas y a menudo ambiguas de comunicación se convirtieran en explícitas. La seducción no siempre se desarrolla en un lenguaje directo, hay zonas grises e incluso torpezas, sin contar que en algunos casos que adquirieron notoriedad pública se han mezclado episodios acontecidos muchos años atrás (la ley pone un límite a las demandas), se ha calificado  como violación a una noche de mal sexo o a una relación sexual que la mujer dudaba si llevar o no a cabo,  aunque finalmente terminaba aceptando, para arrepentirse después. Gersen describe casos en los que el propio acusado ignoraba lo que se le reclamaba y no podía acceder a los documentos de la demanda, un derecho que fue conquistado en la Antigua Roma. Algunas universidades iniciaron procesos en los que el acusador permanecía oculto detrás de un separador de ambientes. Tampoco se exigían evidencias suficientes a la demandante, y cuando se investigaba, la misma persona que lo hacía era la que finalmente establecía el dictamen firmado por la universidad. La alteración de procedimientos constitucionales básicos correspondientes a un debido proceso en el seno de las universidades, sumado al acento puesto en el consentimiento, llevó a que muchos bromearan y plantearan reducciones al absurdo en periódicos universitarios: "un estudiante gay fue encontrado responsable de inconducta sexual por despertar a su pareja con un beso (dormido no se a brinda consentimiento) y por mirar los genitales de su pareja mientras se bañaban juntos".  En semejante clima conductas que son comunes en las relaciones románticas pasaron a ser consideradas inapropiadas, e incluso algunos estudiantes que encontraban ofensivo lo que sostenía el docente lo acusaban de realizar una exaltación del acoso sexual.

 El movimiento de intelectuales y actrices francesas encabezado por Catherine Deneuve habló del derecho a importunar (Anti -#MeToo Manifesto, 2017), que es el que supone que una persona puede ser torpe y atrevida en su afán de seducir, pero que no necesariamente ese gesto encuadra en lo que entendemos por acoso sexual, un término que tradicionalmente significó la seducción demasiado insistente por parte de alguien ubicado en el extremo superior de una jerarquía laboral o social y eventualmente la venganza ulterior, o solo la excesiva insistencia. El concepto se ensanchó y hoy no siempre queda claro cuál es su criterio de demarcación. Las francesas señalaron que a menudo un hombre insiste y es esa segunda o tercera insistencia lo que convence a la mujer, recalcaron la dificultad de catalogar las zonas grises y se negaron a, en palabras de Gersen, burocratizar el sexo común y corriente para prevenir el acoso y el asalto sexual.

A grandes rasgos, el límite en el que se aceptaba la intervención estatal era el daño a terceros, pero con la burocratización del sexo, señala Gersen, "le estamos enseñando a los estudiantes  que la infelicidad que pueden sentir respecto a sus relaciones es algo que las autoridades pueden dirimir"( Bartholet y otros, 2017) . Camille Paglia señaló por entonces que su generación luchó para conquistar la libertad sexual, para no tener que volver temprano a la universidad, a diferencia de los estudiantes varones, libertad que fue acompañada de responsabilidad y de la toma de conciencia del deber de cuidarse como adultas autónomas (Paglia, 2018).

En el documento presentado por las cuatro profesoras de derecho  se sugería que las universidades tomaran la definición de acoso que tiene en cuenta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que se chequearan las evidencias para evitar acusaciones arbitrarias, se diera a conocer la identidad de los testigos, se separaran los roles de recepción de denuncias, investigación y decisión, y que se aceptaran mediaciones puesto que el enfoque meramente punitivo priva a las víctimas de opciones que pueden beneficiarlas, entre otras medidas (Bartholet y otros, 2017).

Muchos de estos planteos surgidos en las universidades norteamericanas han sido traspolados a otros países occidentales, en particular a partir de octubre de 2017, cuando surgió el movimiento Me Too para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein. Como las universidades y los colegios suelen ser instituciones parcial o totalmente autónomas, al igual que en los Estados Unidos a menudo se crearon procedimientos para impartir justicia que parecen ignorar las conquistas que en materia de derecho la cultura occidental ha obtenido en más de dos milenios. Del necesario y legítimo cuestionamiento del acoso sexual se pasó a una situación totalmente distinta en las que diversas universidades  y colegios secundarios que dependen de la universidad establecieron protocolos para prevenir el acoso sexual que también carecen de garantías mínimas del debido proceso, quebrando la presunción de inocencia, culpabilizando a muchos hombres sin evidencia, afectando su reptación pública y sin siquiera informar la identidad del denunciante y las puntuales acusaciones. Para el ciudadano común, y en particular para buena parte de las feministas, denuncia  y sentencia pasaron a ser sinónimos. También se burocratizó el sexo, en los términos planteados por Gersen, se generó un concepto demasiado laxo e indefinido de "acoso sexual" e incluso de "violación", se reforzó el victimismo femenino con una imagen de mujer débil y carente de autodeterminación y se demonizó a los varones como necesarios partícipes de una "cultura de la violación", cuando la abrumadora mayoría no viola ni acosa y reprueba activamente estas conductas.

El movimiento argentino "Ni una menos" (2015), que dio lugar a un estudio con serias fallas metodológicas (ver Kreimer, 2018) en el que se llegó a considerar "acoso sexual" que un hombre no encontrara simpáticas a las amigas de su mujer, y las posteriores denuncias mediáticas de actrices que evaluaron como "violencia sexual" casos muy diversos, a menudo no tipificados en el código penal y sin que mediara sentencia judicial alguna, fueron algunas de las variantes argentinas de este fenómeno que recorrió todo el mundo occidental y que afortunadamente un puñado de juristas entre los cuales cabe destacar a Jeannie Gersen, Elizabeth Bartholet, Nancyh Gertner, Janet Halley y el filósofo del derecho y español Pablo de Lora (con su libro "Lo sexual es político (y jurídico", Alianza Editorial, 2019) han clarificado con sensatez y muy buenos argumentos. 

 

Este artículo puede ser complementado con este otro: "Nadie menos. ​Sobre la necesidad de definir qué entendemos por violencia sexual y garantizar los derechos de las personas con independencia de su sexo", Roxana Kreimer, en . https://feminismocientific.wixsite.com/misitio/copia-de-diferencias-biologicas-de-

PD: Agradezco a Pablo de Lora su inestimable colaboración para obtener el material en base al cual fue escrito este artículo.

Anti-#MeToo Manifesto Signed By Catherine Deneuve, Full Translation Of French. En https://www.worldcrunch.com/opinion-analysis/full-translation-of-french-anti-metoo-manifesto-signed-by-catherine-deneuve

Elizabeth Bartholet, Nancy Gertner, Janet Halley & Jeannie SukGersen, Fairness For All Students Under Title IX (Aug. 21, 2017).

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/33789434/Fairness%20for%20All%20Students.pdf?sequence=1

Gersen, J., & Suk, J. (2016). The Sex Bureaucracy. Calif. L. Rev., 104, 881. En

https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4327&context=californialawreview

Gertner, Nancy, Sex, Lies and Justice. Can we reconcile the belated attention to rape on campus with due process?, The American Prospect magazine, 12 de enero 2015 En https://prospect.org/article/sex-lies-and-justice

Kreimer, R. "Nadie menos. Sobre la necesidad de definir qué entendemos por violencia sexual y garantizar los derechos de las personas con independencia de su sexo", 2018, en https://feminismocientific.wixsite.com/misitio/copia-de-diferencias-biologicas-de-

MacKinnon, C. A. (2004). The Road Not Taken: Sex Equality in Lawrence v. Texas. Ohio St. LJ, 65, 1081.

Paglia, C. (2017). Free Women, Free Men. Pantheon. Надійшла до редакції, 31, 2018

Yang, Wesley, The Revolt of the Feminist Law Profs, The Chronicle Review, 8 de agosto 2019, en https://www.chronicle.com/interactives/20190807-feminist-law-profs?fbclid=IwAR2m1mOOYNWBjrgAYNWLYBE7LWwFA_abQbg0ijKMiPRUh46SJ2YPLqjor2o

 

 

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